Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal envía carta al gobernador de Jujuy

 Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal envía carta al gobernador de Jujuy

San Salvador de Jujuy, 11 de julio de 2018.-

Sr.

Gobernador de la Provincia de Jujuy

C.P.N. Gerardo Morales

S/D.-

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se dirige a Ud., por intermedio de sus referentes en Jujuy, con motivo del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y cuyo tratamiento en el Senado se votará el día 8 de agosto de 2018.

En conocimiento de manifestaciones públicas de su persona, desde el año 2012, en apoyo al tema y en la comprensión de que Ud. entiende que se trata de una reforma urgente para abordar la problemática de salud de las mujeres; y en las que subrayara que en la Provincia de Jujuy “la mortalidad materna es de 14.7 por cada 10 mil nacidos, mientras que la media en el país es de 4 muertes por cada 10 mil nacidos, es decir tenemos un promedio cuatro veces mayor que la media nacional, siendo una de las principales causas las complicaciones derivadas de abortos inseguros efectuados en la clandestinidad”.[1]

Postura que supo concretar en la formulación de proyectos de ley de modificación del art. 86 del Código Penal, durante su mandato como Senador de la Nación y el Bloque de Senadores Nacionales por el Radicalismo, con el fin de introducir en forma clara la interpretación efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2012.

Como mencionara la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, “es responsabilidad del Poder Ejecutivo transmitirle al conjunto de legisladores y legisladoras las obligaciones internacionales que tiene Argentina respecto al marco jurídico”.[2] Por tanto, consideramos oportuno solicitar una audiencia con Ud. a fin de expresar la relevancia histórica de la sanción definitiva de este proyecto así como profundizar en los argumentos que adjuntamos a la presente nota.

A la espera de su respuesta, y de que nuestro pedido sea atendido e incluido en vuestra agenda, nos ponemos a disposición y lo saludamos con respeto y consideración.

FUNDAMENTOS PARA LEGALIZAR EL ABORTO

Las mujeres tienen el derecho y la autonomía a decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres, en particular a las niñas y a las personas jóvenes.

La legalización, en el sentido del proyecto en discusión, es reflejo de la obligación internacional de “garantizar los derechos” del artículo 1 de la Convención Americana. Ésta norma impone a la Argentina la obligación de “organizar todo el aparato gubernamental de manera que sean capaces de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (Corte IDH).  Es por esto precisamente que en el fallo “F., A. L.”, de 2012, la Corte Suprema exhortó a las autoridades nacionales y provinciales para que implementen protocolos de atención que remuevan todas las barreras innecesarias y aseguren el acceso al aborto cuando es legal. Al existir un derecho, el Estado tiene la obligación de estar organizado de forma tal de asegurar su ejercicio y goce efectivo. La simple despenalización se limita a remover del Código Penal la amenaza de cárcel contra las personas gestantes que se practiquen un aborto, pero no les asegura las condiciones para que puedan gozar efectivamente de sus derechos. Además, si se mantiene la penalización a los profesionales de la salud, la posibilidad efectiva de que las mujeres accedan a un aborto será ilusoria. La simple despenalización es discriminatoria y empuja a las mujeres a seguir recurriendo a circuitos de ilegalidad y riesgo para ejercer sus derechos.[3]

La despenalización y legalización del aborto implica trasladar la temática al campo de la salud pública y la responsabilidad del Estado como garante de derechos. Las políticas públicas, por acción u omisión, que se despliegan desde los Estados y sus instituciones tienen impacto directo en el acceso o no a una intervención segura para las mujeres; la prohibición no evita que las mujeres se realicen abortos, sino que lo convierte en una práctica de mayor vulnerabilidad.

El reconocimiento de la sexualidad y de la reproducción como derechos y no sólo como problemáticas sociales, se propone construir un nuevo orden en el que las mujeres no sólo seamos sujetos con derecho a tener derechos, sino que también ese status nos constituya en personas capaces de resolver sin constricciones el destino de nuestras vidas, y hacer explícita la politización que eso implica para nuestras cotidianeidades vitales.

No se trata sólo de realizar una práctica que de hecho se hace, como es abortar, sino que desde el Estado se reconozca la legitimidad de esa práctica.[4]

El actual Ministro de Salud de Nación, Dr. Adolfo Rubinstein[5], en la última jornada de audiencias informativas en el plenario de Comisiones previo a la votación en Diputados informó que en el país se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos por año, con un saldo de 49.000 hospitalizaciones por complicaciones en los abortos inducidos. Además, indicó que las muertes maternas son un emergente pero que entrañan una enorme cantidad de hospitalizaciones por las complicaciones que generan el aborto en condiciones inseguras, en general en más del 90% de los casos, generando un costo de  30 o 40 mil pesos por día en terapia intensiva por complicaciones por abortos mal hechos. Esto sin mencionar que hay un enorme número de casos de abortos que no están registrados porque no llegan a los hospitales públicos; en Argentina el 50% de las camas pertenecen al sector privado, del cual no se tiene ninguna clase de registro. Por tanto, legalizar el aborto reduce costos al sistema de salud.

Sostiene Rubinstein, que otro de los problemas del aborto es el subregistro, es decir, en muchas ocasiones se lo registra como si fuera otro diagnóstico, invisibilizando así su causa verdadera. Esto puede deberse a la mala codificación, razones que tienen que ver con el estatus legal del aborto (solo legal bajo algunas causales), lo que genera cierta reticencia de los efectores de salud a codificar un aborto como tal por temor a acciones punibles; muchas veces se cataloga como muerte por causas desconocidas ocultando causas obstétricas, específicamente aborto. A fin de corroborar esto, en 2014 el Ministerio de Salud de Nación llevó a cabo el Estudio de Omisión de Registro de Causas de Muerte Materna, para lo cual analizaron historias clínicas de defunciones de mujeres debidas a causas trazadoras seleccionadas y se halló que el 17.3% se debían a abortos. Demostrando que sí existe un subregistro del aborto por causa materna.

Está comprobado que la proporción de abortos inseguros (realizado sin profesionales y/o sin un método adecuado) aumenta en los países con leyes más restrictivas. En países donde se restringe totalmente el aborto, los mismos son inseguros un 75% de las veces; en países con leyes moderadamente restrictivas los abortos inseguros ocurren aproximadamente un 61%; en tanto que en países sin restricciones, los abortos inseguros son del 13% aprox. Es decir, legalizar permite disminuir abortos inseguros.

Asimismo, la evidencia demuestra que en todos los países donde se legalizó el aborto, el mismo ascendió al principio porque se comenzó a registrarlo debidamente, pero inmediatamente descendió año tras año hasta llegar a cifras menores, al igual que las muertes por aborto.

A partir de 2005 hasta el 2014 los egresos hospitalarios por aborto en Argentina fueron disminuyendo alrededor del 20%; la tasa de mortalidad por embarazo terminado en aborto (por 100.00 nacidos vivos) en el periodo 2007-2016 pasó de 10.6 al 5.9; todo esto debido a que comenzaron a aplicarse  políticas de reducción de riesgos y daños que tiene que ver con la educación de las personas gestantes en edad reproductiva, con las consejerías de salud sexual y reproductiva, con la prevención pero también por el uso más extendido del misoprostol (una de las drogas que en Argentina se usa para interrumpir el embarazo).

Las mujeres que han quedado embarazadas involuntariamente deberían recibir información fiable y asesoramiento comprensivo, con indicación de los lugares y plazos en los que pueda ponerse fin legalmente al embarazo. Aunque los abortos sean legales, también han de ser seguros: los sistemas de salud pública deben capacitar y equipar a los encargados de prestar los servicios sanitarios y tomar otras medidas para garantizar que los abortos no son sólo seguros, sino también accesibles. En todos los casos las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para el tratamiento de las complicaciones resultantes del aborto. Hay que acabar con las disposiciones que castigan a las mujeres que abortan.[6]

Como menciona el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la adhesión al aborto legal se enmarca en el artículo 75, inciso 22, del Tratado de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional y garantiza “el derecho a  la vida, la salud, la integridad física, psíquica y moral, la intimidad, la dignidad, la igualdad de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, la autonomía, el derechos a vivir una vida libre de violencia, contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y por ende el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas para garantizarlos.

Tal como indica el derecho internacional, las mujeres jamás deben ser sometidas a procesos penales ni obligadas a poner en riesgo su vida o su salud cuando necesiten interrumpir su embarazo.

Es fundamental avanzar hacia la derogación de legislación que permite criminalizar a las mujeres y niñas por solicitar o someterse a un aborto. La criminalización del aborto no sólo no disuade a las mujeres de practicarse abortos clandestinos, sino que además las induce a recurrir a métodos de aborto riesgosos para su salud y su vida. La penalización del aborto y sus restricciones además de negar el derecho a la salud y la vida de mujeres y niñas, crea un problema serio de salud pública porque da lugar a prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas han constituido una de las principales causas de mortalidad materna.

A fin de cuentas, el aborto es un problema de salud pública, porque el aborto produce muertes y morbilidad evitable en población joven y sana.  Es un problema de equidad de género, porque el aborto solo afecta a las mujeres (y las adolescentes), y sus complicaciones afectan fundamentalmente a las mujeres pobres.

Como manifiesta el Ministro de Salud de la Nación, “La evidencia es muy sólida respecto a que la despenalización y legalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales”.

Más allá de las diferencias que podamos tener como ciudadanos/as no podemos pretender que percepciones personales pongan en riesgo la vida de muchas mujeres. Estimado Gobernador, apoye a sus legisladores, bríndeles información fiable para que tomen decisiones basadas en la evidencia concreta.

[1]    17 de Abril de 2012. Aborto: presentan proyecto para adecuar el Código Penal al fallo de la Corte.

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/aborto-presentan-proyecto-para-adecuar-codigo-penal-al-fallo-corte

[2] 10 de Mayo de 2018. La CIDH respaldó la legalización del aborto en Argentina. https://notasperiodismopopular.com.ar/2018/05/10/cidh-legalizacion-aborto-argentina/

[3] 1 de julio de 2018.  Las falsedades de la propaganda antiderechos. https://www.pagina12.com.ar/125478-las-falsedades-de-la-propaganda-antiderechos

[4] Anzorena C. y Zurbriggen, R (2013). El aborto como derecho de las mujeres: otra historia es posible

[5] 4 de Junio de 2018. Aborto, Adolfo Rubinstein. https://www.youtube.com/watch?v=Zrxw6g7a8pg

[6] ONU (2004). El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

 

Compartí:

Noticias Relacionadas

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

diez + 2 =