Pablo Chacón, diputado opositor del Consejo Legislativo de Mérida, conocía bien los riesgos de denunciar la corrupción en Venezuela.

Después de todo, el dirigente del partido Voluntad Popular lo había hecho en el pasado, develando por ejemplo, que el 70 por ciento de los electrodomésticos que debían ser repartidos en los sectores populares bajo un programa del chavismo desaparecían misteriosamente y que buena parte de los fondos otorgados para construir tres areperas solidarias habían desaparecido en el camino.

Pero fue cuando comenzó a denunciar el mal manejo de los fondos otorgados para construir un centro asistencial en Mérida que su vida comenzó a correr peligro.

“Estos tipos [con los que te estás metiendo] son malos”, le había advertido en julio un diputado opositor de la Asamblea Nacional, relató Chacón en una entrevista.

“Ten cuidado, mejor deja que nosotros hagamos la denuncia. Tu no eres tan conocido a nivel nacional, y te pueden desaparecer”, le recomendó a Chacón, el diputado Ismael García.

Tres semanas después de esa advertencia, Chacón se encontraba exiliado en el Sur de Florida, siguiendo los pasos de cientos de venezolanos que como él se atrevieron a alzar la voz sobre la corrupción y los abusos de poder del régimen bolivariano de Venezuela y que terminaron pagando un alto precio por ello.

Curiosamente, los montos del caso de corrupción involucrado es comparativamente bajo frente a las gigantescas fortunas que se han tejido bajo las sobras del régimen bolivariano.

El caso proviene de la autorización aprobada por el fallecido presidente Hugo Chávez en el 2008, y que involucraba un desembolso de casi dos millones de dólares, al tipo de cambio de la época.

El gobierno había ya desembolsado el 70 por ciento para la construcción de un nuevo centro en Mérida para el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Ministerio de Educación (Ipasme) y el contrato fue otorgado a una empresa constructora que ya había hecho algunas remodelaciones pequeñas para organismos del Estado.

Pero la obra fue mal concebida desde el principio. Para empezar el terreno adquirido había sido declarado previamente como no apto para la construcción, ya que allí se encontraba una laguna, explicó Chacón, de 29 años.

Compraron el terreno por un monto en bolívares equivalente a $240,000, pero reportaron un precio cuatro veces mayor. La mayor parte de esa diferencia la repartieron en comisiones a funcionarios cercanos al presidente del Seguro Social, el general Carlos Rotondaro, quien fue destituido del puesto recientemente, denunció Chacón.

“Ellos eran los que manejaban el contrato”, dijo el legislador.

Armado con pruebas de las irregularidades, Chacón contactó a García y a otro diputado de la oposición para formular la denuncia ante la fiscalía nacional. Allí comenzaron los problemas.

“Diosdado Cabello [presidente la Asamblea Nacional] salió en su programa Con el Mazo Dando, y dijo que nosotros estábamos pidiéndole dinero a unos empresarios a cambio de los papeles de la denuncia”, dijo Chacón.

Poco después, el 27 de julio, el legislador fue interceptado cuando se dirigía a su casa por hombres que se hicieron pasar por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y lo mantuvieron retenido por más de una hora, mientras revisaba su auto.

Los presuntos funcionarios nunca llegaron a mostrarle sus acreditaciones. Tampoco una orden judicial que justificara su detención, lo cual era requerida para poder detener a un legislador que goza de inmunidad parlamentaria.

“Me tuvieron en el vehículo de ellos y tenía mucho miedo porque pensé que me podían sembrar cualquier cosa en mi carro y que allí me meterían preso”, relató.

Al final lo dejaron ir, pero poco después comenzó a recibir mensajes telefónicos. En uno de ellos, una voz distorsionada le advirtió: “diputadito, no te metas en lo que no debes, o vamos por ti”.