El rechazo a Maduro asciende casi al 60%
Una encuesta de Datanálisis publicada este martes por el diario El Universal muestra que una mayoría en Venezuela desaprueba la gestión de Nicolás Maduro. En la encuesta se encontró que el 59,2% de los venezolanos califica de “negativa” la gestión de Nicolás Maduro y una cifra muy similar considera que no debe terminar su mandato. Mientras tanto, organizacines de derechos humanos denuncian en Venezuela la criminalización de las protestas.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) – Una reciente encuesta realizada por Datanálisis y publicada por el diario El Universal este martes reveló que los venezolanos, en su mayoría, desaprueban la gestión del presidente Nicolás Maduro y estiman que el mandatario debe abandonar el poder antes de finalizar su mandato.
Luego de entrevistar a 1.300 personas entre el 31 de marzo y el pasado 20 de abril, con un margen de error de solo 5%, se encontró que el 59,2% de los venezolanos califica de “negativa” la gestión de Nicolás Maduro y una cifra muy similar considera que no debe terminar su mandato.
A estas cifras se suma que solo 19,7% considera que Maduro debe permanecer en su cargo, mientras que 39% se mostró a favor a que deje el cargo de inmediato y el 20,1% apoyaría un referendo revocatorio, posibilidad que contempla la Constitución venezolana.
La encuesta coincidió con el criterio de muchos analistas quienes han identificado la inseguridad y el desabastecimiento económico como los principales responsables de la crisis que vive el país.
De realizarse un referendo revocatorio tendría que ser ya concluida la mitad del término presidencial, que en el caso de Maduro se cumpliría en 2016.
DDHH y criminalización de las protestas
Organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos en Venezuela rechazaron el martes la “criminalización” que, dicen, sufren por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro contra su labor, desde el inicio de las protestas antigubernamentales a principios de febrero.
“Estamos varias organizaciones de derechos humanos con objeto no solo de rechazar estas amenazas, agresiones directas contra organizaciones y activistas(…) sino también con objeto de llamar la atención a los propios funcionarios públicos y al gobierno”, afirmó el director del Foro Penal Venezolano (FPV),Alfredo Romero, en una rueda de prensa.
Para ello puso como ejemplo a varios miembros de las ONG, acusados la semana pasada por el ministro de Interior, Miguel Rodríguez, de formar parte de un plan para desestabilizar al gobierno en anuencia con USA, algo que ellos niegan.
Además, el director del FPV recordó que su organización tiene registradas más de 80 denuncias por “torturas y tratos crueles” por parte de las fuerzas de seguridad contra los detenidos en las protestas que sacuden el país desde principios de febrero.
Las manifestaciones contra el gobierno de Maduro se desarrollan desde hace casi tres meses y, hasta hoy, se han contabilizado 41 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, la mayoría de estos ya en la calle con medidas cautelares, como la presentación periódica ante los tribunales.
Romero manifestó que estas 80 denuncias son solo las que se han presentado ante las instituciones oficiales, aunque afirmó que el FPV ha registrado alrededor de 500 porque “no todas las personas se atreven a denunciar ante las instituciones oficiales”.
El pasado viernes la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, indicó que la Fiscalía tiene adelantadas “142 investigaciones por derechos fundamentales, casos de violaciones a los derechos humanos” y que para entonces se encontraban privadas de libertad 197 personas, entre ellas 14 estudiantes, cifras que chocan con las del FVP.
Romero afirmó que, desde el 4 de febrero, su organización tiene contabilizadas 2,590 personas detenidas, de las que “más del 70 % son o han sido estudiantes” y que el número de privados de libertad es de 131 desde esa fecha.
Por su parte, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, pidió al Ejecutivo que “respete” el trabajo de estas organizaciones ya que, al no hacerlo, se “debilita” la posibilidad de que las víctimas “puedan tener Justicia”.
Asimismo, exhortó a las autoridades venezolanas, “fundamentalmente al Ministerio Público”, a cumplir con su responsabilidad y a no estar, dijo, “emitiendo opiniones irresponsables que lo que hacen es encrispar más el ambiente político que hay en el país”.
