martes 26 de mayo de 2020




Empresarios anticipan una «economía de subsistencia» para todo el año

29 marzo, 2020 en:


Saben que la pandemia pasará. No está claro el plazo en el que la Argentina y su economía volverán a la normalidad. Pero, como el resto de la sociedad, los empresarios locales son conscientes de que la economía post coronavirus ofrecerá un panorama todavía más negro que el que ya venía transitando antes de que se desatara esta psicosis sanitaria global.

No tienen dudas y hasta apoyan que actualmente el funcionamiento de la economía esté sujeto a la cuestión sanitaria, tal como ya lo remarcó el propio presidente Alberto Fernández. Están seguros de que este precepto implica también monitorear la evolución de los requerimientos para que la actividad sostenga su dinámica productiva una vez que el virus sea historia.

Y empiezan a calificar a lo que se viene como un escenario de subsistencia en donde no habrá sector industrial, comercial y de servicios que se salve de las consecuencias negativas derivadas de lo que el virus destruyó también en el tejido económico y financiero de la Argentina y del resto del mundo.

En este marco, los hombres de negocios avisan que la solución o la pelea que habrá que dar para reacomodar las variables económicas son, como mínimo, las mismas que había hasta principios de marzo.

Es decir, se conforman con que se retome el escenario de recesión y volatilidad que atravesaba el país, en el medio de las negociaciones que el Gobierno venía encarando con el FMI y el resto de los acreedores externos para resolver el problema de la deuda. O al de un dólar estable tanto en el mercado oficial como en el blue pero con un fuerte cepo para evitar que se dispare.

También, a las medidas casi regulatorias y de férreo control que las autoridades del Frente de Todos comenzaron a disponer para evitar los aumentos en los precios de los principales alimentos, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos e incluso a meterse en las negociaciones paritarias entre gremios y empresas para, con todas estas medidas, poder contener la inflación.

Repetir este escenario para lo que resta del año sería ya una victoria, en la mente de los ejecutivos que día a día están monitoreando el devenir de la pandemia en sus negocios, en sus empresas, en sus operaciones y en las actividades económicas.

Es que la situación muestra cómo la mayoría de las empresas han dejado de vender y de producir, lo cual provocará un corte en la cadena de pagos, riesgos en la sostenibilidad del trabajo y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, por ende, un fuerte impacto en la recaudación que sufrirá directamente el Estado nacional, las provincias y hasta los municipios.

Sectores industriales enrolados en la Unión Industrial Argentina (UIA) se muestran activos a la hora de estudiar cuál será la economía post coronavirus que le tocará vivir al país, a las empresas, a los trabajadores y al Estado.

Hasta ahora, se muestran conformes con las medidas tomadas para atravesar la urgencia como las tomadas por el Banco Central para las Pymes, con una reducción de los encajes bancarios por un importe equivalente al 40% de la exigencia, que demandará un monto estimado en $320.000 millones para aquellas entidades que acuerden préstamos a tasa del 24%.

O la obligación de que al menos el 50% de los créditos debe ser para líneas de capital de trabajo, como pagos de sueldos y cobertura de cheques diferidos. También el programa del Banco Nación de hasta $25.000 millones en créditos a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y de insumos médicos.

Destacan, además, la renovación del programa Ahora 12 por un plazo de seis meses, la expansión hacia compras online de productos nacionales, la vuelta de la compensación electrónica de cheques, la flexibilización provisoria de los parámetros con los que son clasificados los deudores bancarios, la suspensión del cierre de cuentas bancarias, la extensión de los vencimientos de financiaciones de entidades financieras, la reducción en un 95% de las contribuciones patronales por horas extra o nuevas contrataciones que atiendan al funcionamiento de las actividades esenciales.

Apoyan también la eximición del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia, lo que por el momento alcanza al sector de servicios de la salud pero se espera la incorporación de otras actividades, así como el pago de $10.000 a trabajadores de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso.

En cuanto al tema fiscal, están de acuerdo con la feria fiscal entre el 18 y 31 de marzo que implementó la AFIP, la extensión hasta el 30 de junio de la vigencia transitoria correspondiente a los planes de facilidades de pago admisibles, cantidad de cuotas y tasa de interés de financiamiento aplicable.

La suspensión de medidas cautelares contra las Pymes hasta el 30 de abril, los cambios en las llamadas Licencias No Automáticas y ciertos productos que pasaron a tener Licencia Automática. Y la prohibición de suspender los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo pasado y que se mantendrán por 180 días corridos.

Palpitando el día después

Al haber capacidad ociosa, para los empresarios las políticas de estímulo, a pesar del fuerte déficit fiscal, son consideradas como muy acertadas. Pero advierten que no se pueden esperar milagros porque tanto la demanda como la oferta están afectadas por el coronavirus, al punto que la recaudación de enero y febrero cayó 5,2% en términos reales. Por eso, se puede esperar que esta tasa tranquilamente se duplique para los meses de marzo y abril, máxime si se suspenden los vencimientos tributarios inminentes.

Creen también que el nuevo escenario hace que la Argentina hoy necesite una quita agresiva en la deuda, en torno a 55% debido a que el stock en manos de los privados no es importante (33% del PBI), aunque no necesariamente será una negociación sencilla.

Lo que cambia, para los hombres de negocios, es que ya no consideran clave la rapidez en la negociación por los vencimientos de mayo y agosto por u$s13.900 millones, debido a que ahora no se puede pagar nada que deba ser girado al exterior, al necesitarse todos los recursos disponibles para incentivar la economía local.

Están seguros también que el escenario internacional no será favorable para el país, con el precio de los principales commodities en baja, las importaciones casi cerradas, como las de China, el mayor comprador de productos locales.

Un mundo con cierres de fábricas, cuarentenas masivas y prohibiciones de viajes que aumentan día a día. Un mundo que no ayudará al esperado modesto aumento en el crecimiento de la economía argentina que se había previsto para este año.

De hecho, un informe de la consultora Wise estima que a priori este escenario «nos asegura que van a ingresar menos dólares por exportaciones por el mix de menores precios para las materias primas que exporta la Argentina, como la menor demanda producto de la desaceleración en el crecimiento económico mundial».

Se proyecta entonces importaciones de productos terminados, que se van a reducir a la mitad, mientras que se van a incrementar las compras al exterior de partes que no se fabriquen localmente. La Secretaria de Comercio ya le está bajando línea en este aspecto a los importadores.

De ocurrir, este escenario retocará los números del mercado cambiario, con un crecimiento de la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación, ya que una aceleración en la devaluación del peso es un escenario probable.

Por ese motivo, los empresarios creen que el tipo de cambio oficial tendría que ser ajustado para no perderle pisada al real, aunque ese aumento será frenado todo el tiempo posible para permitir la recomposición del poder de compra y disminuir la inflación.

«Es una situación complicada y, más allá de los caminos que cada uno encuentre para encarar esta crisis, hoy tenemos pocas herramientas para poder saber exactamente y con certeza el grado de daño que sufriremos todos», describe Javier Madanes Quintanilla, uno de los industriales de mayor peso de la Argentina.

En diálogo con iProfesional desde la cuarentena obligatoria que pasa en su hogar junto a su familia, el dueño de Aluar describe con crudeza lo que el resto de sus colegas sabe. Que lo que se viene es una economía de subsistencia por un largo tiempo, por lo menos de tres meses, y que habrá que atender esencialmente la crisis social que se avecina y sobre la cual el país ya se encuentra caminando por la cornisa.

Madanes pide «inteligencia» para encolumnarse detrás de medidas que sean consensuadas entre todos, negociadas entre empresas, gremios y el Estado nacional.

«Las organizaciones empresariales e industriales como la UIA son las que mejor nos pueden representar en este momento. El Poder Ejecutivo tendrá que adoptar las decisiones más criteriosas y de alguna manera cooperar con toda la información de la que pueda disponer para atravesar este período de subsistencia con todas las dificultades que habrá», asegura el empresario.

Precisamente, la UIA creó un comité de crisis de seguimiento del coronavirus y varios de sus principales referentes vienen advirtiendo sobre los riesgos de que no se corte la cadena de pagos, que se genere liquidez a las empresas para que puedan hacer frente a todas sus obligaciones, y de se tomen medidas de alivio tributarias, entre otras medidas.

De igual modo, apoyan una eventual ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria.

Esto le permitirá a las empresas agilizar los trámites para acceder de manera exprés al programa que brinda una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador destinada a completar el salario.

Salarios, nuevo capítulo

Como anticipa Madanes, el pago de sueldos a partir de abril próximo será «todo un tema» y por eso se están observando las medidas oficiales para evitar problemas.

Sin embargo, si el coronavirus crece y obliga a extender el aislamiento obligatorio, en abril es posible que la mayoría de las empresas no pueda cumplir con las obligaciones salariales.

«No me asombraría que se suspendan los aumentos salariales pactados para cubrir el desfasaje de 2019 y que las paritarias sean reemplazadas por aumentos vía Decreto, los que aparecería a partir del junio o julio», se anima a predecir otro importante hombre de negocios del sector metalúrgico.

Colaborar entre todos los sectores para encontrar una fórmula de subsistencia es la apuesta del empresariado para atravesar ese momento. «No hay que culpar a nadie por lo que vendrá ni hacer recaer todo el peso en un sector», advierte Madanes para quien se debe repartir la carga de la solución entre empresas, trabajadores y el Gobierno.

En este sentido, se sabe que la organización empresaria que preside Miguel Acevedo se encuentra trabajando con el Gobierno en fórmulas que permitan a las empresas pagar salarios con normalidad, que el Estado pueda postergar las obligaciones impositivas, entre otras fórmulas que permitan sostener el empleo y el mercado interno.

Está claro que la economía post coronavirus profundizará la crisis del sector fabril, que actualmente cuenta con un nivel de utilización de la capacidad instalada bajo por la recesión que ya venía recorriendo a la economía local.

Este año, según la UIA, se percibía una endeble pero sostenida recuperación que el Covid-19 enterró y obliga a transitar la coyuntura para luego recuperar la dinámica e impulsar el funcionamiento de la economía productiva. Esto, en el marco de una demanda que caerá como también lo harán los precios internacionales y la oferta doméstica de bienes y servicios.

Por esos motivos, las empresas van a esperar que el cierre de la moratoria se atrase o que se puedan incorporar las deudas hasta febrero o marzo, en línea con el retraso en las ejecuciones. Pensando en esto, es probable que el déficit fiscal consolidado crezca hasta -7% del PBI como mínimo y que recién se alcance el equilibrio hacia el 2023.

Emisión monetaria, ¿inflación en baja?

En el mismo sentido, un informe del IERAL da cuenta de que si la pandemia se mantiene, para financiar el mayor gasto público nacional, provincial y municipal en salud y en ayudas a la población y a las empresas con problemas, habrá sólo dos posibilidades.

Una será la emisión de dinero y recortes transitorios de gastos prescindibles del Estado ya que, mientras más ahorro exista menos deberá aumentar la impresión de dinero y por ende, se limitará el impacto inflacionario que se podría dar a mediano y largo plazo, una vez superados los mayores problemas generados por la pandemia y si no se aplican medidas compensatorias.

Para los autores del documento, «la pandemia encuentra a la economía argentina en recesión desde hace casi dos años, con necesidad de aumentar el gasto público en salud y en ayudas y compensaciones a la población, con caídas de recaudación y sin fondos de ahorro previo en el sector público, de manera que se deben tomar decisiones muy ponderadas para cuidar las vidas humanas, minimizando el costo fiscal y el efecto negativo sobre la economía».

Es decir, justifican las medidas de coyuntura pero reclaman que tengan el menor impacto negativo sobre la economía a largo plazo, sobre las posibilidades de crecimiento y la sustentabilidad del Estado en sus diferentes niveles.

Al respecto, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) Natalio Mario Grinman, pidió atender la situación de las empresas, duramente golpeadas por las medidas de contención del virus, en un contexto de dificultades económicas existentes desde hace años.

Mencionó que, si bien hay actividades comerciales que están habilitadas a operar, como ser los supermercados y farmacias, una fracción mayoritaria de la actividad mercantil se encuentra inactiva, en cumplimiento de las restricciones vigentes.

Por eso desde el sector de comercio se pide ayuda urgente, tal como lo asegura Grinman, para quien la actividad se encuentra paralizada.  El referente empresario aboga por la implementación de medidas extraordinarias que eviten la destrucción de puestos de trabajo al advertir que «una empresa que no trabaja, en 30 días quiebra».

El sector, que emplea a tres millones de personas, pide préstamos a tasa cero para las empresas, a fin de evitar el corte de la cadena de pagos y cuidar el empleo, a pesar de que para hacer frente a esta medida el Estado deba emitir, postergando el objetivo de bajar la inflación a cerca del 30% como tenía planteado el Ministerio de Economía para este año.

«Los empresarios estamos acostumbrados a trabajar con alta inflación, pero no podemos trabajar con los comercios cerrados», anticipó Grinman, para quien se requiere de un apoyo generalizado a la actividad productiva. «Si el sector privado se empieza a fundir no va a haber de dónde sacar recursos», afirmó.

En este sentido, un informe de la consultora Wise anticipa que la recuperación de la economía luego del coronavirus será en V, con una caída tan pronunciada como la crisis de 2008/9, pero con la complicación de que la fuerte baja de la demanda provocará una interrupción en las cadenas de suministro, incumplimientos financieros y, por extensión, dificultades para el sistema bancario.

El trabajo anticipa un nuevo rol del Estado, en especial para aplacar los problemas sociales que aparecerán porque hay 20 millones de personas que viven al día y que durante la cuarentena no van a poder tener el nivel de ingreso habitual y muchos de ellos ni siquiera poseen tarjeta de crédito para comprar comida.

Para esta consultora, la solución pasará por una gran emisión de pesos, aumento del gasto público, baja de tasas y flexibilización en la clasificación de los deudores bancarios, hasta septiembre, que implica añadir a 60 días de plazo para cada categoría.

También se le permitirá a los bancos que den créditos a empresas con problemas de continuidad vinculadas con la crisis por encima de las relaciones actuales.

Para los autores del trabajo, el círculo vicioso esperable «es que las empresas que van a tener problemas de continuidad, comiencen con el aletargamiento del pago de las obligaciones tributarias, luego con el retraso con el cumplimiento a proveedores y finalmente con problemas para el pago de salarios».

Por eso proponen que para atravesar la economía de subsistencia, el Gobierno trabaje para que las empresas no tengan aumentos en sus costos como manera de intentar mantener los puestos de trabajo. «Es por ésto que los aumentos en los salarios serán inferiores a los que esperábamos hace un mes. Pero no sólo porque no hay plata y se va privilegiar a la fuente de trabajo, sino porque la inflación va ceder de manera importante para finalizar el año por debajo de 29%», se animan a decir desde Wise.

En cuanto a las inversiones, la mayoría de los hombres de negocios anticipan que seguirán «brillando por su ausencia por el mix entre crisis, parate económico casi total y elevada capacidad ociosa entre las empresas, por eso no necesitan invertir para atender a la demanda.

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