«Ingresos Brutos» asegurán que en el mediano plazo será suprimido

La mayoría de los gobernadores que acordaron en 2017 con el ex presidente Mauricio Macri la rebaja gradual de Ingresos Brutos convinieron su suspensión dos años después con su sucesor, Alberto Fernández

El miércoles 22 de enero de 2020 la Cámara de Diputados tiene previsto darle sanción a una ley que suspende la aplicación de otra que, a su vez, se había aprobado porque un decreto anterior no se pudo llevar a la práctica. Todas esas vueltas tienen como telón de fondo las complicaciones en las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, en especial en torno al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Pocos gravámenes en el país tienen un rechazo tan contundente como mayoritario. Empresarios, economistas y tributaristas coinciden en calificarlo como «regresivo» por entender que al aplicarse en toda la cadena de producción y comercialización sin posibilidad de deducción, termina encareciendo el bien o servicio en un efecto cascada.

Los intentos se remontan a 1993 y desde entonces Ingresos Brutos sale indemne ante todos los avances en su contra. Y lo que es peor, con aumentos diferenciados en sus alícuotas.

«Ingresos Brutos adquirió una importancia relativa significativa en la recaudación provincial en los últimos años, lo que obviamente disminuye la probabilidad de que su peso baje de manera rápida», dijo Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En promedio, ese gravamen representa tres de cada cuatro pesos de la recaudación propia de las provincias. Su peso en los ingresos totales varía de acuerdo con la proporción que tenga en cada una las transferencias de recursos del Estado nacional.

Por ejemplo en Chaco, una de las provincias más dependientes de la Coparticipación Federal, representó en 2018 el 8,2% del total de los recursos, pero el 77,3% si se miden sólo los ingresos tributarios provinciales.

El IB fue creado en 1977 y puesto en ejecución de inmediato en todas las provincias, en el marco de un cambio del esquema tributario nacional y provincial iniciado en 1974 con el reemplazo de Réditos por Ganancias y seguido en 1975 con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), según consigna Infobae.

Desde entonces, se transformó en la principal herramienta de los ministros de Economía provinciales después de la Coparticipación Federal, al punto de alcanzar las proporciones ya señaladas. Pero también se convirtió en el blanco preferido de los empresarios, por una serie de cuestionamientos que se pueden sintetizar en los siguientes:

1. Al no poderse deducir de la etapa previa de la cadena de producción y comercialización, pasa a ser un costo adicional tanto para las empresas como para el consumidor final. «Cuando uno compra un bien, del precio total que se paga entre un 8% y 9% está explicado por Ingresos Brutos. Esto obedece a la acumulación que tiene», explica Argañaraz.

2. Requiere incurrir en el costo de contratar de equipos de contadores dedicados específicamente a evaluar su impacto: las alícuotas varían de provincia en provincia y a veces año tras año dentro en un mismo distrito. Asimismo, el hecho imponible no es exactamente igual en las 24 provincias.

3. Transportar mercadería por todo el país implica mucho más que tributar en las jurisdicciones de origen y destino. Si un camión realiza un envío de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Córdoba, pero carga combustible en Campana y cena en Venado Tuerto, también deberá tributar para bonaerenses y santafesinos.

El 12 de agosto de 1993 se firmó la segunda edición del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, una iniciativa con la que el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, quisieron llevar a la práctica el pedido que se venía formulando desde hace años desde diferentes sectores: terminar de una vez por todas con Ingresos Brutos.

El propósito expreso del Pacto Fiscal era que, al menos en algunas actividades, Ingresos Brutos quedara sin efectos a mediados de 1995. Pero en el medio, el «efecto tequila» obligó a postergar la decisión de manera indefinida.

Fue así que en noviembre de 2017, 24 años después de la firma del Pacto, se concreta el Consenso Fiscal, que estableció un cronograma gradual de reducciones de alícuotas por sector que tendría que finalizar en 2022. Sin embargo, como en los anexos de la ley se hacía referencia a alícuotas máximas, solo hubo que esperar dos meses para que algunas provincias las aumentaran para el sector comercial, aprovechando que las tenían en niveles inferiores a los topes.

Pese a que la mayoría de las provincias habían cerrado 2018 con superávit fiscal primario y se favorecieron con el reintegro gradual de los 15 puntos de Coparticipación retenidos por 25 años para financiar la Anses, tras la habilitación del sistema de capitalización de los ahorros para la jubilación, desde principios de 2019 comenzaron a tomar fuerza los reclamos para que se dejase sin efecto la rebaja impositiva establecida en el Consenso Fiscal de 2017.

En la campaña, el candidato del Frente de Todos aseguró a los gobernadores, mayoritariamente peronistas, que obraría en consecuencia.

Compartí:

Noticias Relacionadas

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

1 × cinco =