La justicia rechazó mordaza a la UCR solicitada por Sala

 La justicia rechazó mordaza a la UCR solicitada por Sala

San Salvador de Jujuy, 4 de diciembre de 2013

 En los considerandos del fallo, que se conoció este 27 de noviembre,  la justicia rechazó la competencia de la justicia ordinaria y al mismo tiempo destacó el valor  del artículo 68 de la CN para el desarrollo de la democracia deliberativa. Esa cláusula constitucional establece que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.
La sentencia tiene una enorme relevancia en términos de la defensa de la libertad de expresión, del rol legislativo de la denuncia, del derecho a saber de la ciudadanía y en la preservación de garantías que permiten el desarrollo del debate connatural a la democracia. Hacerle lugar al requerimiento de Milagro Sala -de amordazar judicialmente a un senador y a un partido político. hubiera significado un retroceso y grave riesgo para la democracia. Pero además hubiera sentado un precedente para debilitar la lucha contra situaciones que alteran el estado de derecho, como la violencia y la corrupción.
Cabe recordar que en abril de este año, la líder de la organización Tupac Amaru había solicitado a la justicia que ordene al senador Gerardo Morales y a la Unión Cívica Radical en su conjunto, “abstenerse de publicar por medios periodísticos audiovisuales  y medios informáticos virtuales avisos (provinciales y nacionales), solicitadas y opiniones que resulten ofensivas a su buen nombre y honor”.
En la presentación, Sala consideró, que al difundir denuncias en su contra, el senador Morales no actuaba como legislador y pretendió restringir la inmunidad parlamentaria para expresiones solo vertidas en el ámbito del parlamento y respecto solo de temas allí debatidos, en una peligrosa interpretación del art. 68 de la CN.
Los miembros de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial, se pronunciaron declarando “ inadmisible este amparo” y ordenando su archivo.
 
LOS ARGUMENTOS DEL RADICALISMO
 
La demanda fue contestada por la Unión Cívica Radical representada por el Dr. Mariano Miranda en su carácter de apoderado legal con el patrocinio letrado del Dr. Sergio Cuellar . Allí la UCR rechazó el amparo, señalando que no es posible cercenar a un partido “el ejercicio de los derechos políticos en una función que le es propia” y que está reconocida constitucionalmente y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos Nº: 23.298. Y defendió al mismo tiempo el derecho a la libertad de expresión.
La UCR destacó “la relevancia de los partidos políticos y de las funciones que tienen asignadas” en la dinámica del debate democrático y rechazó que Sala pretenda eximirse de la crítica pública que le impone el ser una dirigente y gestionar fondos públicos a través de su organización.
Por su parte, en representación de Gerardo Morales, el Dr. Gastón Morales, con el patrocinio letrado de los Dres. César L Rivas y Oscar G. Fernández, recordó que el senador “goza de la inmunidad de opinión que es funcional y está consagrada en el Art. 68 de la Constitución Nacional” y rechazó la competencia de la justicia ordinaria para entender al respecto.
Allí se destacó que las denuncias contra Sala difundidas por medios de comunicación, corresponden y son parte del rol que tiene Morales como legislador, y que comprende también las funciones de “control, investigación e información”.
Pero además,  se puso de relieve que Milagro Sala buscaba la “censura judicial”, y se reivindicó el derecho a realizar manifestaciones públicas sobre cuestiones que no son de orden personal, ni de la vida privada de Sala, sino que “son de orden público institucional; de altísima gravedad!” atendiendo que se trata del manejo de fondos públicos, planes de vivienda, etc.
Gerardo Morales, a través de sus abogados, recordó también en la contestación de la demanda, su responsabilidad como legislador de denunciar la posible comisión de hechos delictivos en los que estaría involucrada Milagro Sala.
La dirigente adujo la defensa de su intimidad para quedar exenta de la crítica, señalando que su rol no correspondía al de una funcionaria pública y que además había sido sobreseída en expedientes penales que fueron enumerados por el senador Morales.
 
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
El tribunal, en los considerandos citó importante jurisprudencia de la corte provincial y nacional, rechazando la pretensión de Milagro Sala.
Entre otros antecedentes, se recordó que en 2006, fue desestimada una denuncia de un intendente que se sintió afectado por expresiones de una diputada provincial.
En los considerandos, se recuerda que la inmunidad del legislador debe interpretarse en el sentido más amplio. Y que la misma comprende no sólo cuestiones legislativas -como proyectos o discursos sobre ellos- sino también cualquier opinión sobre cuestiones políticas de interés general. Esto, se valoró, “garantiza el libre funcionamiento del Parlamento, favorece su función de control y afianza la independencia entre los poderes del Estado”.
En otro caso ventilado en la corte nacional, (Rivas, Jorge), se ha señalado que “los dichos emitidos en la prensa se protegen bajo la inmunidad de opinión principalmente por su conexidad con la función legislativa”, pero además se ha destacado el rol de  los medios de comunicación  en la democracia deliberativa. “La ciudadanía toma contacto con el contenido de la función legislativa a través de los medios. “Es el discurso legislativo mismo y su expresión derivada en el caso a través de su divulgación por los medios de prensa lo que se encuentra protegido por …la Constitución Nacional y es el poder expresar el resultado de tales investigaciones en el ámbito de la esfera pública lo que también se custodia mediante la inmunidad de opinión para que los actos investigados puedan ser sometidos al escrutinio popular”.
Y aún más se enfatiza que la actividad de los legisladores también queda vinculada a un procedimiento de deliberación pública que resulta esencial para el ejercicio de las funciones legislativas. “La inmunidad de opinión sostiene ese sistema deliberativo que permite que los ciudadanos accedan al conocimiento de cuestiones -a través de los medios de prensa- que afectan al sistema todo”.
Milagro Sala había pretendido silenciar al radicalismo y prohibirle que difunda los hechos ilícitos en los que se encontraba involucrada y que el radicalismo consideró que debían ser conocidos por la ciudadanía.
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