NOA: Urge un acuerdo regional para frenar el narcotráfico

 NOA: Urge un acuerdo regional para frenar el narcotráfico

El fiscal general en la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, denunció que «el gran responsable» del fracaso en la lucha contra el narcotráfico es la «administración de justicia» y propone convocar a una mesa común a jueces y fiscales federales, fuerzas de seguridad y ministros del área para que, con datos fehacientes en la mano discutan una estrategia común. En los Juzgados Federales de Salta y Jujuy ingresan por año un promedio de trescientas causas por juzgados.

El pasado 24 de noviembre de 2013 en una entrevista realizada por El Liberal de Santiago del Estero usted hizo referencia a la necesidad de realizar un diagnostico sobre la justicia en una zona caliente como es Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca en relación con los narcos.

¿Se realizó ese diagnostico y hoy es otra la situación?

La situación se ha agravado. Especialmente en la Provincia de Tucumán donde como lo afirma el Fiscal Federal de Santiago del Estero Pedro Simón quien teme que el NOA se transforme en «un gran Rosario» si no se toman las medidas urgentes para detener el tráfico. Los grupos cambian de estrategias para crecer en el negocio. Buscan lugares en zonas rurales para instalar sus bases de operación. No obstante aún los jueces federales -desde la Corte Suprema de Justicia hasta el último Juez de la región- siguen sin hacer un diagnóstico que se apoye por ejemplo, en estadísticas reales y que se hayan hecho pública. Eso implicaría un mea culpa importante no sólo por las muy escasas condenas a narcotraficantes y la vinculación de magistrados federales con las redes locales. Algo que las redes sociales han dado en llamar los «narcojueces».

Una frase que pareciera tener plena vigencia es la que usted mencione en esa oportunidad y que dice «El problema narcotráfico, diría que hay mayor responsabilidad en la administración de Justicia, que la responsabilidad de la fuerza de seguridad o de los políticos de turno» ¿Cambio esa situación, esta mejor, está igual, o se empeoró?

La administración de Justicia sigue siendo la gran responsable del fracaso y la invasión de narcotraficantes se demuestra con la cantidad cada vez mayor de «hallazgos» en controles de ruta policiales. Las fuerzas de seguridad se encuentran decepcionadas y desalentadas por cuanto las demoras en disponer allanamientos u ordenar las intervenciones telefónicas son increíbles. En Tucumán muchas veces deben esperar meses. Súmele a eso que los dillers callejeros disfrazan su comercio bajo la figura de tenencia para consumo que de acuerdo al fallo Arriola de la Corte Suprema no es delito, algunos fallos que sostienen que la tenencia para consumo dentro de una cárcel o una escuela tampoco es delito, etc. y usted. tendrá un policía que en un caso concreto se encuentra contrariado y hasta temeroso de cumplir con su función. El rol de los funcionarios políticos también es irritante. Deberían convocar a una mesa común a jueces y fiscales federales, fuerzas de seguridad y ministros del área para que, con datos fehacientes en la mano discutan una estrategia común. Ningún plan nacional, provincial o municipal para abordar el narcotráfico tendrá éxito si no es discutido por todos los interlocutores que están en el sistema y tienen el contacto diario con los casos.

Usted habla de garantismo cuando dice «Esto lo digo en base a números un narcotraficante va a ir a un país, donde tenga básicamente garantizada su impunidad, sea por negligencia, por excesivo

garantismo, por lo que fuere. Si estamos elevando a juicio entre el 1, y 5% de

causas que hay por drogas le estamos garantizando impunidad al narcotraficante porque ellos

siempre sacrifican hasta un 10 y 20%» ¿Específicamente a que se refiere?

Las corrientes garantistas y abolicionistas de gran difusión en las facultades de Derecho han sido recogidas por jueces y fiscales federales en su gran mayoría. Fallos como el caso Arriola no tuvieron en cuenta realidades como que su aplicación se torna un hecho lamentable en cárceles y escuelas. Insisto: Tener drogas para consumo dentro de una cárcel, una escuela o un hospital hoy no es delito de acuerdo a muchos fallos de los magistrados del NOA. «. La consecuencia inmediata del fallo de la Corte Suprema es que muchos jueces ya han instruido a las fuerzas policiales para que no dediquen esfuerzos ni recursos en casos de menor cuantía. Un grave error porque desde allí es que se empieza para llegar más arriba en la Red. Tampoco es cierto que se haya condenado a los adictos por tenencia para consumo, el proceso penal tenía en ese entonces -antes de Arriola- un efecto no buscado pero muy efectivo: Se sometía al acusado a un diagnóstico y tratamiento gratuito seguido muy de cerca por sus abogados defensores, jueces y fiscales que, luego de una recuperación exitosa acordaban archivar las causas. O por el contrario, si se persistía en la adicción se insistían en tratamientos alternativos que podían llegar incluso a la internación voluntaria. Los padres que antaño venían a los tribunales pidiendo auxilio para sus hijos –en su gran mayoría menores y pauperizados- hoy se van desorientados porque se les dice que «cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea» como lo fundamente el Juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Para el Estado, por ende para familiares y adictos no es lo mismo una exigencia que una «exhortación» judicial. Aún cuando esta última provenga de la mismísima Corte Suprema.

Para usted y siempre refiriéndonos a declaraciones del año 2013 indicaba que «falta una lucha más decidida contra los narcos: «Lamentablemente las causas penales que tenemos con grandes cantidades de drogas, fueron por secuestros circunstanciales, una carga que venía bajando un avión que venía aterrizando, pero nunca un trabajo de inteligencia previo que me permitiera infiltrar a la banda». ¿Qué nos puede decir con referencia a este tema?

Los casos donde se investiga una red de narcotráfico son muy escasas. La resistencia de jueces y fiscales en encarar ellos mismos la investigación de casos concretos como lo manda el Código procesal Penal de la Nación es el principal motivo de la paupérrima cantidad de casos. En los Juzgados Federales de Salta y Jujuy ingresan por año un promedio de trescientas causas por juzgados de las cuales más de dos tercios son por microtráfico, tenencia simple o tenencia para consumo (estas últimas archivadas sistemáticamente). Que en una «frontera caliente» como la que tiene estas provincias con Bolivia y Paraguay haya un promedio de cien causas penales por juzgado, por año y vinculadas al narcotráfico ya es un dato preocupante. Súmele que de esas cien, su gran mayoría son hallazgos azarosos propios de controles ruteros o aduaneros.

En relación con el Escudo Norte que fue presentado con bombos y platillos ¿Cuál es su análisis al respecto y si realmente sirve para detener la penetración de drogas especialmente en Salta y Jujuy?

El Escudo Norte es otro fracaso. Aún con las buenas intenciones de este gobierno. Los «vuelos irregulares» reconocidos por los radares -durante el horario en que funcionan- y que fueron publicitados como un gran éxito del Escudo Norte no se han traducido en ninguna causa penal. La imposición por decreto de un sistema de derribo de supuestos aviones narcos es impracticable en función del protocolo para su aplicación en el caso concreto. Tampoco se cuentan en la región con aviones de respuesta rápida que estén distribuidos estratégicamente. Y finalmente otra vez el rol de los Jueces Federales no ayuda. Lo positivo de la gestión actual es que se ha reforzado con mayor presencia policial de Gendarmería Nacional y la Policía Federal pero sus resultados aún no se pueden medir por el escaso tiempo desde que las distintas divisiones fueron trasladadas.

La falta de designación de Jueces Federales en provincias como Jujuy ¿entorpece el normal funcionamiento y administración de justicias? En Jujuy tenemos un juez subrogante que solo atiende dos veces a la semana.

Por supuesto que es muy grave esa situación. No sólo porque atiende dos veces a la semana allí sino porque además atiende tres días en Tucumán. Tanto en Jujuy como en Salta hay jueces federales jubilados -de distinta jerarquía- que pueden ser convocados para cubrir ese cargo hasta que el concurso se finalice y los acuerdos del Senado Nacional sean dados. La administración de justicia federal en Jujuy está claramente resentida como lo está también en Tucumán por más que el Dr. Poviña se esfuerce. Es más lógico designar como subrogante en ese cargo a un juez federal del tribunal oral jujeño y en la muy rara hipótesis de que le llegue un caso elevado a juicio por él mismo se tendrá que excusar convocando otro magistrado -jubilado o de extraña jurisdicción-. La Corte Suprema así lo ha sugerido en el caso Aparicio. ¿Habrá en Jujuy algún dirigente político que se preocupe por el tema más allá de una simple declaración pública? No lo sé.

Fuente: eltribuno.info

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