Por Fernando Straface «El dilema del próximo presidente»

El próximo presidente enfrentará desafíos ineludibles por su urgencia, posicionamiento público e impacto en intereses inmediatos. Una inflación superior al 30% y el impacto en las paritarias, el cepo cambiario, el bajo crecimiento y los impactos sociales de la recesión, los vencimientos de deuda y la escasez de reservas, la presión tributaria, la factura fiscal energética y el esquema regresivo de subsidios ocuparán al nuevo elenco de gobierno y repercutirán en la gobernabilidad de mediano plazo.

Los más optimistas apuestan a que, con «reglas de juego claras y la credibilidad renovada», lloverá la inversión extranjera («Vaca Muerta nos salvará»), que solucionará una parte importante de la ecuación inflacionaria, recesiva y deficitaria. Para los optimistas, la clave está en el crédito de legitimidad de un nuevo gobierno para amortiguar las expectativas sociales, lograr una ronda de financiamiento internacional para cruzar el desierto de reservas y alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que asegure la convivencia con gobernadores, sindicatos y centrales empresariales. Si se agrega capacidad técnica para lidiar con los nudos económicos heredados, mucho mejor. Si todo va bien, en 2017 llegarán los primeros rendimientos en el crecimiento, se potenciarán el empleo y el consumo, y el nuevo gobierno llegará con buena performance a las elecciones de medio término y a la reelección en 2019.

Todo muy bien. Salvo que de nuevo nos habremos perdido la oportunidad de avanzar en una agenda más trascendente que la macroeconomía inmediata.

Hay otra agenda posible: es más compleja y paga a un plazo más largo. Requiere una presidencia con horizonte temporal más extendido, un sistema político que internaliza un sendero de desarrollo y otros actores del poder que miran la defensa de sus intereses con una lente de largo alcance.

Esa agenda ve a la macroeconomía como un punto de partida, no de llegada. Supone una pedagogía política de mayor alcance para explicar un sendero de progreso social, sustentado en mayor competitividad a partir de la acumulación de capital humano, físico e institucional. Requiere una didáctica del esfuerzo individual para potenciar el piso de derechos que el Estado promovió en la última década.

El desarrollo tiene dos temas ineludibles por su impacto social, intergeneracional, productivo y fiscal: la calidad educativa y la primera infancia.

Las escuelas argentinas incluyen y contienen, pero no preparan a los alumnos para ser artífices de su futuro. El simulacro educativo involucra condiciones sociales negativas para el entorno de aprendizaje, docentes desmotivados y con escasas herramientas pedagógicas, y gobiernos y sindicatos atrapados en un solo eje de diálogo y confrontación: el presupuesto. Ecuador y México convirtieron este tema en una prioridad.

Un 30% de los niños de 0 a 4 años se juegan el futuro en las intervenciones del Estado para corregir el déficit de salud, nutrición y estimulación que sufren. Si el Estado no llega a tiempo, muchos serán futuros trabajadores informales, de baja calificación y reflejo de la pobreza intergeneracional. Chile y Uruguay crearon programas para afrontar esta problemática.

Por otro lado, la competitividad del país depende de recuperar y ampliar el stock de infraestructura física. El transporte, la logística y la energía protagonizan las estrategias de crecimiento de los países de la región. Los países invierten en aumentar la capacidad del Estado en estas políticas, promueven la participación privada en asociaciones mixtas y proyectan a 30 años las intervenciones. Es un error depositar todo en Vaca Muerta. Hay un potencial de producción federalizado en el país que puede protagonizar nuestra inserción internacional si el Estado provee los bienes públicos que necesita. Se han hecho avances muy importantes en Ciencia y Tecnología. Falta capacidad para proyectar la infraestructura de forma integral y coherente con escenarios fiscales.

En el plano institucional, tenemos una democracia consolidada como forma de gobierno. Pero la gestión del poder político en la Argentina no contribuye a proveer bienes públicos de calidad que apuntalen una estrategia de desarrollo. La democracia oscila entre dos extremos del ciclo económico. Cuando el crecimiento genera fortaleza fiscal y un contexto viable para la redistribución, se debilita la división de poderes, la autonomía y profesionalización del Estado y los estándares de federalismo que la Constitución enuncia. Por el contrario, en momentos de crisis económica pronunciada, el Ejecutivo nacional y los subnacionales pierden capacidad de maniobra. El resultado: políticas públicas volátiles, de baja adaptabilidad funcional, pobre implementación y escasa orientación al largo plazo.

Si en 2015 la economía inicia un nuevo ciclo de aceleración, también renovará la tentación del hiperpresidencialismo. Otro escenario, menos tradicional en la historia política argentina, sería un presidencialismo abreviado, en el cual el Gabinete y el Congreso asomen como actores relevantes además de la figura presidencial. Este modelo podría o no constituirse a partir de la dinámica clásica de gobierno de coalición.

Las opciones de un nuevo «presidente fuerte» y organizador absoluto del sistema, por un lado, y gobierno más consensual, por otro, anidan en las mentes de quienes quieren suceder a la Presidenta en 2015. En el camino al gobierno, hay una oportunidad para invertir en gobernabilidad futura. Supone prefigurar el programa y las prioridades para relanzar la agenda de competitividad, convertir la inversión social de los últimos años en un camino de progreso individual y recuperar un marco institucional que garantice horizontes largos para el sistema político, las empresas y las familias.

El camino a la elección presidencial debe servir para debatir la agenda de desarrollo argentino. Y no es responsabilidad exclusiva de los candidatos: las elites argentinas se deben una responsabilidad de discusión, propuesta y colaboración con las soluciones.

Desde una perspectiva más instrumental, quizás algún asesor de campaña recomiende no perder tiempo en esta tarea o segmentar el mensaje para que a cada individuo le llegue la solución a su metro cuadrado de preocupaciones. Quizás esta estrategia sirva para ganar una elección. Para consolidar una agenda de desarrollo con amplio consenso hace falta prefigurar el gobierno.

Lo mejor que puede pasarle al país es convertir la elección de octubre, y el camino desde ahí hasta 2015, en una dialéctica política que progresivamente vaya recuperando lo mejor de los últimos años, identificando la agenda pendiente y renovando de ideas y visión internacional el próximo período de gobierno. Así se construyen los países en el largo plazo.