“Sin Paz” Demarco, tras duro revés, desafía al CD, a los gremios y a la justicia

 “Sin Paz” Demarco, tras duro revés, desafía al CD, a los gremios y a la justicia

El Intendente de Perico cortó el diálogo con los gremios, al negarse a firmar un acta acuerdo consensuadas días atrás, Demarco proseguirá con los términos del decreto que ordena despidos y la eliminación de dos plantas sancionadas por el CD y promulgadas por el ejecutivo anterior.

Los partes oficiales de las secretarias provinciales de algunos gremios, celebraban días atrás la ratificación del Concejo Deliberante de Perico (dos tercios), de las ordenanzas 1353/19 y 1358/19, mediante las cuales se aprobaron el pase a planta permanente de 119 agentes municipales, como también se determinó la estabilidad laboral de un poco más de un centenar de jornalizados, y la continuidad laboral de los eventuales (precarizados).

Desde el ejecutivo interpretan sin vacilar, que las actuaciones del CD carecen de asidero jurídico, lo cual sorprende a los entendidos del derecho administrativo (un decreto no puede derogar ordenanzas gestadas a derecho, promulgadas por el ejecutivo y tras ser declaradas inaplicables por una nueva gestión, nuevamente ratificadas por los dos tercios del CD).

En la jornada de protesta pasada, cuando los obreros sitiaron Perico, pudo observarse la desesperación de varias trabajadoras que perciben $4.000, donde manifestaron que el empleo «dignidad» era todo en en sus vidas.

Sin embargo queda en manos de la justicia, a la cual el propio Luciano Demarco invitó a acudir a los gremios y a quienes se sientan perjudicados por el alcance de su decreto, ya que entiende que su decisión no solo es una facultad incuestionable, sino que posee argumentos sólidos que el poder judicial ratificará, evitando una media de no innovar que los gremios y despedidos ya solicitaron.

Además de varias presentaciones judiciales de carácter general realizadas desde los gremios ante la justicia; desde el sector despedido, preparan una ola de demandas, ya que la mayoría posee legajos y antecedentes laborales con varios años de antigüedad. Otros, que también poseen antigüedad se escudan en el derecho adquirido por estar contemplados en la nómina que aprobó el CD, el cual al momento de tratarla filtró antecedentes laborales para aprobarla, como también contemplo respetar el presupuesto.

Si los efectos de las duras medidas adoptadas por la nueva gestión lesionan los derechos de los trabajadores, habrá medidas de fuerzas de carácter permanente, movilizaciones de las entidades centrales hacia Perico y decenas de presentaciones judiciales, clima que podría gestar un síntoma de convulsión social que pondrá a Perico en el radar nacional.

Por ahora la decisión “no posee vuelta atrás”, la misma se realiza en medio de una de las más severas crisis de la historia Argentina, por ello el nuevo gobierno nacional sancionó la Ley denominada solidaridad “Emergencia Económica y Reactivación Productiva”, el propósito es proteger a los que menos tienen, garantizar el trabajo (DNU Emergencia Ocupacional) y darle mercado a los emprendedores y Pymes (bonos, aumentos de las AUH, programas sociales de empleo y tarjetas alimentarias).

A pesar de la claridad del camino que trazó la nación, el Municipio de Perico avanza a contramano, el ajuste tuvo a los más débiles como victimas para incluir una nómina de designaciones jerárquicas (80), la cual reemplazó el organigrama anterior, sin obtener aún el cuerdo en el CD.

Durante la próxima semana en el cuerpo legislativo se estudiará el nuevo organigrama, el cual será observado desde los parámetros instituidos en la Carta Orgánica, poniendo la lupa en las limitaciones impuestas al Intendente en cuanto a nombramientos de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, ya que hay una prohibición expresa conocida desde luego por el mandatario local, quien fue dos veces concejal; además de la residencia exigida como requisito para algunos cargos de alto rango y la garantía que existan fondos para sostener tal escuadrón de funcionarios.

En los próximos días la justicia deberá determinar si la resistencia que surgió desde los trabajadores municipales son derechos legítimos o escollos creados por errores no forzados de la nueva gestión.

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