Jujuy entre las provincias con la energía mas cara del país

Un estudio revela las asimetrías entre las provincias en cuanto al costo de la energía, y ubica a Corrientes y Santiago del Estero con las tarifas bajas del país, casi tres veces menos que las de otras, como Jujuy o La Pampa.

Según publica Ambito Financiero, todas las provincias de la región NEA figuran con tarifas más altas que la de Corrientes, donde el consumo bimestral tiene un costo del orden de los 100 pesos; en tanto que en Formosa supera los 130 pesos y en Misiones y Chaco el valor llega a más de 200 pesos por el mismo nivel de consumo.

El diputado nacional por Mendoza Enrique Vaquié elaboró el estudio en base a la información de distribuidoras, entes reguladores u organismos estatales provinciales del área de energía y cuestionó el esfuerzo realizado en todo el país para subsidiar “al área metropolitana de Buenos Aires, donde está la mayor concentración urbana”.

“Para empezar, existe una enorme inequidad entre jurisdicciones y entre ciudadanos, es decir que una familia clase media paga distinta tarifa en función del lugar donde viva. Lo más sorprendente es que las dos jurisdicciones con menor tarifa son Edenor y Edesur, empresas que abastecen de energía al área metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y los Municipios del conurbano bonaerense), siendo su tarifa nueve veces inferior a la mayor tarifa representada por Córdoba y cinco veces inferior a otras zonas de Buenos Aires abastecidas por otras empresas como EDEA y EDEN”, puntualizó.

“Es una enorme discriminación por jurisdicciones. Se podría afirmar que un residente de cualquiera de los cien barrios porteños pagará menos que un usuario de clase media residente en cualquier otra provincia o que un argentino de clase media que vive en Olivos pagará menos que un residente en Tandil o Necochea con idéntico consumo”, remarca.

Vaquié acusa en este sentido que la diferencia entre las provincias se da “primero, por el sistema de subsidio del Gobierno nacional a la generación y el transporte; y, segundo, por el sistema de determinación de los cuadros tarifarios de las distintas jurisdicciones”.

“El sistema de subsidio a la generación se materializa a través de un precio equivalente del MWh para todas las provincias, etapa en la que no aparecen inequidades territoriales. El costo de esa energía es pagada por las empresas distribuidoras y se debería recuperar a través de la tarifa que éstas cobran a los distintos usuarios (residenciales, comerciales, industriales, etcétera)”, explica.

“Edenor y Edesur, las empresas que cubren el servicio en AMBA, y el resto de las empresas distribuidoras del país compran la energía Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), generando una deuda con la empresa. Las tarifas de Edenor y Edesur son aprobadas por el Estado nacional y por ello el ministro de Planificación, Julio De Vido, decidió el año pasado compensar gran parte de la deuda de estas empresas a cuenta de los aumentos de valor agregado de distribución –VAD– no otorgados en el pasado. Allí radica la gran diferencia entre esas empresas y el resto de las distribuidoras: en mayo de 2013, gran parte de la deuda de Edenor y Edesur (unos $ 2.700 millones de un total aproximado de $ 4.300 millones) ha sido compensada por el Gobierno nacional”, explicó el legislador.

“En tanto Edenor y Edesur no se vean obligadas a pagar la energía que compran siempre será posible mantener las tarifas a usuario final que tanto molestan a cualquier ciudadano del interior del país. Es decir, con fondos de todos los argentinos, financiamos el consumo de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano”, remarcó.

Para Vaquié, el esquema propuesto recientemente por la Nación, “en el mejor de los casos congela temporalmente la aparición de una solución real, no distingue las diferencias entre jurisdicciones ni revierte las actuales inequidades”.

“El solo hecho de pensar en los importes restados al consumo en el ‘interior’ del país mientras se sostienen tarifas absurdas en el área metropolitana de Buenos Aires nos pone frente a un dilema político significativo, dado que este esquema se replica en las tarifas de transporte, el servicio de agua potable y el saneamiento, o en la dotación de agentes de la Policía Federal cuyo salario costea la totalidad de los ciudadanos, en la Argentina el acceso a los bienes y servicios públicos ha devenido en una de las más odiosas herramientas de inequidad y demolición del federalismo”, cuestionó el legislado.