30.000 empleos y el debate entre reconversión y economía popular
Una mínima parte de los titulares de Potenciar Trabajo empezaron el recorrido hacia la formalidad laboral. Las cooperativas, claves para la inclusión, reclaman más espacio.
Por Esteban Rafele// El ingreso de titulares de planes sociales al mundo del trabajo formal que promueve el Gobierno es lento, sinuoso y está lleno de pliegues burocráticos. Hasta el momento, unos 30.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo realizan capacitaciones o se incorporaron a empresas, sobre el universo de 1,2 millones de personas que cobran esa asignación, según datos oficiales.
Según los distintos esquemas, los titulares mantienen los beneficios durante un año, en el que la empresa paga la parte adicional del salario estipulada, por encima del plan equivalente a medio Salario Mínimo Vital y Móvil. Las compañías, además, reciben una reducción de entre 90 y 95% de las contribuciones patronales. Los titulares de Potenciar Trabajo cobraron, este martes, un bono de $6000 como paliativo ante la alta inflación.
De acuerdo con previsiones oficiales, entre los 1,2 millones de titulares de Potenciar Trabajo hay aproximadamente 600.000 que mantendrán empleos en cooperativas y otras unidades de gestión. Se mencionan, entre ellos, a socios de cooperativas que comenzaron como empresas recuperadas y se convirtieron en casos de éxito, como la cooperativa de cosmética natural Maleza, un proyecto de 44 mujeres que recibió apoyo oficial para la compra de maquinarias e insumos, además de cobrar el estipendio mensual que sirve como base salarial. También a buena parte de los más de 736.000 que sostienen la red de unos 10.000 comedores comunitarios.
Para el resto, la reconversión avanza a paso lento. Por un lado, porque la iniciativa comenzó hace poco, el 12 de agosto, con el anuncio que involucró al trabajo rural temporario. Por otro, porque los convenios contemplan idas y vueltas con gremios para no afectar derechos adquiridos de los trabajadores activos.
SECTORES
Al sector rural le siguieron la construcción y la gastronomía, con la firma de acuerdos de capacitación con los gremios y convenios con otras unidades oficiales, como la que suscribieron los ministros de Desarrollo Social, Trabajo y Turismo, Juan Zabaleta, Claudio Moroni y Matías Lammens, para incorporar a 4000 trabajadores al sector turístico durante 2022.
El acuerdo del turismo se oficializó a mediados de febrero, sobre el fin de la temporada récord. Por esos días, Zabaleta también firmó un convenio con el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos para capacitar e incluir a titulares del Potenciar Trabajo en empresas televisivas.
También hubo acuerdos con empresas puntales en el sector textil. TextilCom capacita trabajadores en tandas de a veinte para incorporarlos a sus líneas de trabajo, con la idea de sumar 140 empleos en Villa Soldati, Lanús La Rioja y Catamarca.
SOLUCIONES A MEDIAS
Zabaleta adelantó la negativa del Gobierno de sumar más beneficiarios a Potenciar Trabajo. En los últimos dos años, el esquema sumó a 500.000 nuevos beneficiarios, luego de que el exministro Daniel Arroyo unificara bajo este programa a otros planes y sumara nuevas demandas.
Según el FMI, el Gobierno debería focalizar su gasto en los sectores vulnerables, a los que destina el 5% del gasto corriente. Como contrapartida, el Fondo remarca que el 40% del gasto se destina a jubilaciones y pensiones.
En paralelo, otro sector del Gobierno busca aumentar los recursos y la autonomía de movimientos sociales y cooperativas. El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) contabilizó, hasta agosto pasado, que existen 2,8 millones de trabajadores en el registro oficial, que reciben algún tipo de ayuda estatal para desempeñar sus actividades. El 57,4% son mujeres. Más de la mitad tienen entre 18 y 35 años y el 26,3% del total trabajan en comedores y merenderos comunitarios.
Empresas cooperativas y unidades de gestión de movimientos sociales buscan que, entre otras cosas, el Estado les asigne más obras públicas de pequeña escala. AYSA, por ejemplo, contrató cooperativas referenciadas en la Corriente Clasista y Combativa para obras de agua y cloacas en La Matanza, Almirante Brown, Presidente Perón, Lomas de Zamora, Quilmes y La Plata. «Actualmente hay alrededor de 4000 cooperativistas activos en todo el país, la mayoría a la espera de obras que no han llegado en los últimos cinco años», detallaron en un reporte de hace seis meses. Desde entonces, indicaron a El Cronista, hubo poco movimiento.
Desarrollo Social encara, con el programa Urbanización en Barrios Populares, unas 469 obras con $88.000 millones invertidos para mejorar las condiciones de vida de 240.000 familias. En esa cartera refieren que hay demoras en algunos municipios por deficiencias en el armado de proyectos en las intendencias.
