«Ya nadie podrá decidir qué podemos importar y qué no»,
En los pocos días que le quedan a 2023, el Gobierno de Javier Milei avanza, sin tiempo que perder, con distintas medidas económicas, a la vez que abre diferentes frentes de conflicto con cada una de ellas.
La decisión de la semana pasada de establecer múltiples decisiones económicas a través de un único Decreto de Necesidad y Urgencia fue solamente un punto de partida de todo aquello que Milei se propone reformar, contrarreloj y sin anestesia.
Como complemento de sus casi 400 artículos, que seguramente enfrentarán gran cantidad de cuestionamientos en el Congreso y en la Justicia, el Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias, donde solo pueden tratarse proyectos del Ejecutivo. Allí, el listado de proyectos incluye la reinstalación del impuesto a las Ganancias para personas físicas, reformulado como impuesto a los Ingreso Personales, o la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria, que aspira a reemplazar por aumentos por decreto.
La secretaría de Comercio y el Banco Central ponen hoy en marcha otra reforma esencial: la de las importaciones. Quedan en el olvido el controversial sistema de las SIRA, que tantas quejas generó por parte de los empresarios, y también las licencias no automáticas, que impedían la entrada de muchos productos desde el exterior. El Gobierno quiere un régimen con menos controles y discrecionalidad de los funcionarios para autorizar esas operaciones. «Ya nadie podrá decidir qué podemos importar y qué no», sintetizó hoy el vocero presidencial Manuel Adorni. A la vez, el BCRA empieza a cancelar las deudas con los importadores que dejó el sistema anterior.
En el marco de los recortes fiscales, también oficializó la desvinculación de más de 7.000 empleados de la Administración Pública Nacional, cuyos contratos laborales fueron firmados durante 2023 y no se renovarán. La medida, como es esperable, ya despertó la oposición de los gremios del sector público.
